POR: FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA
Ahora que existe un inusual entusiasmo
sobre las revocatorias, particularmente en Lima, es bueno ubicar este mecanismo
democrático en un contexto más amplio. Las revocatorias forman parte de un
paquete de instituciones llamadas Mecanismos de Democracia Directa (MDD). A
diferencia de países como Suiza o algunos estados de EE.UU. o Uruguay, en gran
parte de América Latina la implementación de los MDD fueron consecuencia de las
críticas a la democracia representativa.
Una primera visión fue la de introducir
un complemento a una democracia concebida como limitada y formal. Los MDD
ofrecían esta posibilidad de participación ciudadana. La idea central era que
con la participación y control ciudadano la democracia adquiría una calidad
mayor. Esta visión estuvo, sobre todo, alimentada y sostenida por la izquierda
latinoamericana, que veía con entusiasmo el camino a una democracia directa y
participativa.
Una segunda visión, distinta y distante
de la anterior, era aquella que criticaba y responsabilizaba al sistema
partidista imperante como causante de las limitaciones de la democracia. Esta
visión estuvo encabezada por presidentes carismáticos, con rasgos autoritarios,
como Alberto Fujimori, posteriormente seguido por Hugo Chávez, Rafael Correa y
Evo Morales. Estos proyectos, a su vez reeleccionistas, acusaban a los partidos
políticos de haber traicionado los reales intereses de los ciudadanos, por lo
que los MDD eran los apropiados para relacionar adecuadamente a éstos, con el
poder. Se configuraban así los contornos de una democracia plebiscitaria.
En nuestro país, de los MDD tan solo el
referendo se usó en dos oportunidades en el siglo pasado: Benavides (1939) y
Fujimori (1993). Es justamente al amparo de la Constitución aprobada en este
último referendo, que se promulga, en 1997, la Ley de Control y Participación
Ciudadana (26300), que amplía los MDD, incorporando figuras nuevas como la
revocatoria del mandato de autoridades regionales y municipales, iniciativa de
reforma constitucional y legislativa, demanda de rendición de cuentas, entre
otras. De este conjunto de mecanismos, ha sido la revocatoria la más utilizada.
Luego de casi década y media de
promulgada la ley, se han realizado seis procesos de revocatorias y, salvo en
el 2005 que se realizaron en dos oportunidades, el JNE ha convocado una vez, en
cada año.
A estas alturas, la pregunta clave es si
con las revocatorias ha mejorado la calidad de la democracia y su
representación. Una aproximación a la información disponible señala que, en la
gran mayoría de los casos, se trata de una iniciativa promovida por los
perdedores de las elecciones. Existe una resistencia a aceptar los resultados
electorales, en el marco de las reglas del juego. Se utiliza así, la estrategia
de todos contra el ganador.
Por las dificultades derivadas del recojo
de firmas, sólo en cinco casos se han realizado en provincias, todas de
poblaciones pequeñas. El resto han sido distritos, ubicados mayoritariamente en
la sierra y zonas rurales de menos de 5 mil electores.
Poblaciones en las que los recursos son
escasos y el presupuesto también. Estos procesos alejados de la capital, no
merecieron gran cobertura de los medios. Pero en estas poblaciones la
revocatoria produjo un tenso clima articulado alrededor de los grupos en
conflicto a favor y en contra de la autoridad local.
El temor de las autoridades municipales
de ser revocadas ha llevado incluso al uso indebido de los recursos públicos
para defender sus respectivas gestiones. Por cierto, en no pocos casos, estos
procesos de conflicto activaron actos de violencia.
Los casos en que las autoridades
municipales fueron revocadas han ocasionado que transiten hasta tres alcaldes
en un solo período de gobierno municipal, sin ninguna posibilidad de hacer una
gestión seria.
En consecuencia, más allá que se realice
o no revocatorias en Lima, la realidad de su implementación merece ser evaluada
y discutida como eficaz mecanismo de mejora de la calidad de la democracia.
